
El “Acuerdo para el Agua” establece, a través del diálogo y miradas compartidas, las materias fundamentales a las que se debe poner prioridad, instando a las autoridades, a los incumbentes y al país, a redoblar los esfuerzos para crear y fortalecer los espacios de diálogo y derribar la inacción de las últimas décadas en la adaptación al nuevo entorno hídrico.
Con el objeto de avanzar en la construcción de miradas comunes que permitan romper el
inmovilismo en que se encuentra la problemática hídrica del país, un grupo transversal de
académicos de distintas universidades (Universidad San Sebastián; Universidad Católica de la
Santísima Concepción; Universidad Andrés Bello; Universidad del Desarrollo; y Universidad de
Concepción) convocaron a cerca de 20 instituciones vinculadas a diferentes sectores y miradas de
los temas hídricos, para delinear los contornos de la crisis hídrica que nos afecta y alcanzar una
definición consensuada sobre aquellas materias fundamentales a las que se debe dar prioridad para
avanzar en ellas.
Hoy, luego de cinco meses de trabajo conjunto, el “Acuerdo para el Agua” establece los mínimos
comunes que pueden derribar la inacción de las últimas décadas, a través de 6 puntos de consenso
que permiten definir una hoja de ruta de largo plazo e incentivar a los tomadores de decisión a la
ejecución de acciones concretas.
Camila Boettiger, académica en Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad del
Desarrollo, destacó esta iniciativa como un espacio único y diferenciador que marca un precedente
en torno a la discusión de los problemas del agua en nuestro país. “Esta fue una instancia en que las
instituciones que representan a los distintos actores del agua pueden decir que, aun cuando tengan
intereses distintos, estuvieron dispuestos a dialogar más allá de sus diferencias y lograr acuerdos
que permitan avanzar en resolver los desafíos que trae la gestión de las aguas frente al cambio
hidrológico, la protección ambiental y el desarrollo productivo sustentable”.
Entre los puntos del acuerdo, destacan la necesidad de que la política nacional para la gestión del
agua se sustente en una mirada compartida y de largo plazo que trascienda los ciclos políticos; la
urgencia de mejorar la institucionalidad para el agua, que permita una gobernanza coordinada y
descentralizada para responder de manera oportuna y adaptativa a las necesidades del país; la
validación de la cuenca como unidad de gestión, inversión y conservación de los ecosistemas y del
agua en todas sus formas; la demanda de información, monitoreo y conocimiento para trabajar
sobre información compartida para la toma de decisiones; y la importancia de asegurar la protección
del ciclo hidrológico, a través de la innovación e incorporación de nuevas fuentes, tecnologías y
prácticas de eficiencia para el uso del agua; entre otros aspectos.
El proceso de trabajo contó además con la asesoría de Evelyn Vicioso, socióloga a cargo de la
metodología y con el apoyo de Gabriel Caldés; Eugenio Celedón; y Claudio Reyes, consultores
expertos en recursos hídricos. “Uno de los focos fundamentales de este proceso fue obtener la
confianza de los participantes como punto de partida para dar legitimidad a la declaración conjunta.
De esta forma, el “Acuerdo para el Agua” corresponde a una visión compartida de los propios
actores, entre los que participaron usuarios, empresas y organizaciones de la sociedad civil, con el
fin de avanzar, a pesar de las diferencias, en una gestión efectiva de los recursos hídricos”, destaca
Vicioso.
A través de este acuerdo, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch); la Fundación Amulén;
la Asociación de Municipios Rurales (Amur); la Asociación Nacional de Empresas de Servicios
Sanitarios (Andess AG); la Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas
(APEMEC); el Comité de Agua Potable Rural de Melipilla; la Confederación de Canalistas de Chile
(CONCA); la Fundación Cosmos; la Junta de Vigilancia del Elqui; el Gobierno Regional de Los Lagos;
la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); The Nature Conservancy en Chile; y la Fundación
Newenko; hacen un llamado a las autoridades a “sumarse a esta propuesta y a tomar esta
declaración como el inicio de un proceso de cambio, desde una visión compartida sustentada en la
confianza, la cooperación y buscando el bien común de Chile”.
Finalmente, el equipo coordinador de esta iniciativa, compuesto por Federico Errázuriz; Mónica
Ramírez; Camila Boettiger; Christian Rojas; José Luis Arumí; Natalia Dasencich; Paulina Medina;
Gabriel Caldés; Eugenio Celedón; Claudio Reyes; Evelyn Vicioso e Isabel Celedón; señaló su
satisfacción con el resultado de este trabajo de diálogo conjunto, el cual esperan permita “generar
beneficios duraderos para los recursos hídricos de nuestro territorio y, por consiguiente, para todos
sus habitantes, fomentando el bienestar y la prosperidad en todas las regiones del país”.
La declaración e información del proceso se puede encontrar en la web www.acuerdoparaelagua.cl
donde, además, podrán sumarse nuevas organizaciones que adhieran a esta declaración y a la
disposición de avanzar y contribuir en dichas materias.
Declaración Pública “Acuerdo para el Agua”
Reunidos los actores institucionales que representamos distintas dimensiones, experiencias y
visiones acerca del uso del agua y la protección de sus fuentes naturales, desarrollamos un trabajo
transparente y respetuoso que nos permitió construir una mirada compartida para hacernos cargo
de la crisis hídrica y mejorar la gestión del agua, lo que requiere un esfuerzo colectivo y colaborativo
que involucre a actores públicos, privados y de la sociedad civil.
Creemos que las soluciones deben surgir del diálogo, para construir confianza y una visión común
que nos permitan proponer políticas públicas en esta materia, para lo cual requerimos compromiso,
liderazgo y soluciones concretas que consideren la diversidad de intereses que existen en el país.
Superar el inmovilismo demanda un sentido de urgencia y enfoque de largo plazo. No será tarea de
un solo gobierno o sector. Mientras no se logre un acuerdo nacional para el agua, ponemos en riesgo
la calidad de vida de las personas, del medio ambiente y el desarrollo del país. Por tanto, debemos
avanzar hacia una gestión hídrica que entregue certezas a las distintas funciones del agua en sus
usos productivos, ambientales y para consumo humano.
Luego de este diálogo, hemos acordado enfrentar estos desafíos sobre las siguientes bases:
1. Requerimos con urgencia que la política nacional para la gestión del agua se sustente en
una mirada compartida, comprometida y de largo plazo, en la que confluyan las distintas
visiones, públicas, privadas y de la sociedad civil; que trascienda los ciclos políticos; que
reconozca con claridad el rol y la participación de cada uno de los actores a partir de la
normativa vigente; y que promueva relaciones de confianza para lograr el desarrollo integral
y sustentable de Chile en materia hídrica.
2. Necesitamos mejorar la institucionalidad para el agua; tanto pública como privada, que
permita actuar dentro de una gobernanza coordinada y descentralizada, con funciones y
objetivos claramente establecidos, que proteja el derecho humano al agua potable el
saneamiento y promueva la seguridad hídrica para responder de manera oportuna y
adaptativa a las necesidades del país y las que demanda el nuevo contexto climático, sobre
la base de sólidas competencias técnicas, ambientales y financiamiento adecuado.
3. Reafirmamos que la cuenca debe ser la unidad de gestión, inversión y conservación de los
ecosistemas y del agua en todas sus formas, para lo cual deben considerarse las
características hidrológicas, sociales, ambientales y económicas de cada una de ellas. De
igual manera, es fundamental avanzar hacia una institucionalidad y gobernanza a nivel de
cuenca, que integre la historia del territorio y reconozca a todos sus actores.
4. Sostenemos que la participación de todos los actores debe ser amplia, colaborativa y
efectiva, que permita construir confianzas sobre la base de información verídica y
reconocimiento institucional mutuo, que otorgue legitimidad social y ambiental a los
procesos públicos y privados de toma de decisiones acerca del agua.
5. Necesitamos información, monitoreo y conocimiento, que representen en forma objetiva
y transparente la realidad de cada cuenca, basados en antecedentes científicos, continuos,
actualizados, oportunos y confiables, provenientes de fuentes fidedignas, públicas y
privadas, abiertas a la comunidad, de manera que se pueda trabajar sobre información
compartida para la toma de decisiones.
6. Debemos asegurar la protección del ciclo hidrológico, por lo que es necesario innovar e
incorporar nuevas fuentes, tecnologías y prácticas de eficiencia para el uso del agua,
combinando las obras tradicionales con soluciones basadas en la naturaleza, para lo que se
requieren cambios en los mecanismos de evaluación social y privada, financiamiento y
asignación de presupuesto.
Tenemos la convicción de que el camino de la colaboración y el diálogo es la única forma de avanzar
y enfrentar la crisis hídrica y mejorar la gestión del agua del país. Por eso nos comprometemos a
abrir espacios de trabajo conjunto con los distintos sectores relacionados con el agua e invitamos a
las autoridades a sumarse a esta propuesta y a tomar esta declaración como el inicio de un proceso
de cambio, desde una visión compartida sustentada en la confianza, la cooperación y buscando el
bien común de Chile.
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