Proyecto que sanciona el robo de agua avanza a paso firme en el Congreso

Proyecto que sanciona el robo de agua avanza a paso firme en el Congreso

La propuesta establece tipificar el delito de contaminación, desvío, usurpación u ocupación ilegal del recurso hídrico, aplicando penas de cárcel y multas a quienes realicen estas acciones.

La semana pasada, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en particular el proyecto que busca la tipificación del delito de usurpación, contaminación, desvío y ocupación ilegal del agua.

La iniciativa fue aprobada en general por la Cámara el 1 de junio de este año, sin embargo, debido a ciertas indicaciones, ingresó nuevamente a la Comisión de Recursos Hídricos para un segundo informe.

La propuesta establece sanciones a las personas que realicen acciones que afecten de manera directa el recurso hídrico y el derecho de acceso a las aguas del país. En ese sentido, cualquier afectación se considera como un atentado contra la población, en especial, la que se ubica en zonas de sequía.

Las sanciones van dirigidas a quienes, sin autorización, extraigan, usurpen o contaminen aguas terrestres, superficiales o subterráneas, con penas de presidio y multas.

A nivel provincial existen distintas comunas afectadas por la escasez y contaminación del agua, lo que provoca pérdidas de producciones agrícolas, daños al hábitat, falta del recurso para el consumo humano y problemas en la salud de las personas, entre otros.

OPINIÓN DE ALCALDES

Una de esas comunas es Mulchén, la cual se encuentra en una situación crítica por la falta de agua. El alcalde Jorge Rivas, en conversación con radio San Cristóbal, admitió que “hay familias que hoy pueden hacer un pozo profundo y tener agua, pero esta situación se puede volver aún más crítica y habrá más familias complicadas. Por eso, es bueno que hoy se reconozca, por medio de una norma, el hecho de que si robas el agua, ese es un delito que tiene que ser sancionado”.

A juicio del jefe comunal, “ojalá en la próxima Constitución se consagre este elemento tan vital que es el agua como un bien nacional de uso público”.

Rivas planteó que “me gustaría que, de una vez por todas, se investigue y se transparente cuál es el motivo que nos ha llevado a esta crítica situación que tenemos a nivel país. Desconozco si hay estudios claros al respecto. He participado de algunos seminarios relacionados al tema del agua, pero las empresas siempre se excusan en que ellas no son las responsables y que sus plantaciones no contribuyen a la sequía. Yo creo que hay algo más que se esconde y que tiene que ver con la propiedad de los derechos de agua que genera este problema crítico”.

Otra comuna que ha buscado constantemente compartir de manera equitativa el recurso hídrico es Alto Biobío. Su alcalde, Nivaldo Piñaleo, admitió que “es un avance para proteger las aguas, pero creo que no es la solución para las comunidades indígenas. Siento que lo importante es que las grandes empresas particulares tienen inscritas aguas con el fin soñado de que sea productivo para ellas. Nosotros queremos proteger y compartir las aguas con la humanidad, por esta razón, creo que es un avance, pero no es la solución definitiva que queremos como territorio”. En la misma línea, la autoridad indicó que “esto debería ser una solución de equilibrio, pero las autoridades lo ven siempre con un fin productivo para generar recursos. Para nosotros faltan soluciones, sin embargo, tenemos esperanzas en esta tremenda tarea que tienen los constituyentes de los pueblos indígenas y esperamos que esto sea más equitativo. Tenemos que compartir las aguas y cuidarlas, no comercializarlas”.

Fuente: La Tribuna

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