La ciudad no es Chile: Cómo reducir las brechas sociales que afectan al campo

El miércoles 16 de octubre, poco antes del estallido del movimiento social que se inició en el metro de Santiago, los alcaldes de comunas rurales de nueve regiones del país se reunían por primera vez en un encuentro nacional.

Sin saber lo que vendría, la actividad era parte del trabajo que ha realizado durante el último año la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), tras la creación del Departamento de Desarrollo Rural, que tiene como foco coordinar a los distintos ministerios que se relacionan con ese sector, que corresponde al 76% de las comunas de Chile (ver infografía).

“Fue un encuentro muy interesante, justo antes de todo este movimiento social, donde pudimos plantear que también somos Chile, aun cuando siempre hemos sido postergados porque tenemos menos gente y estamos más dispersos. Nos dejan fuera por la cantidad de habitantes, ya que todas las inversiones del Estado se deciden de acuerdo al impacto social que tienen, pero planteamos que se deben comenzar a analizar otros parámetros”, afirma Cristián Balmaceda, alcalde de Pirque y presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales (Amur).

Los datos de la última encuesta Casen reflejan que en todos los indicadores que miden la pobreza, las áreas rurales —que no solo son agrícolas, pero que tienen un fuerte componente de esta actividad entre la ocupación de sus habitantes— están en desventaja frente a las ciudades (ver infografía). De hecho, si solo se revisan los ingresos, mientras la pobreza urbana llega a 7,4%, en las zonas rurales es más del doble, con 16,5%.

La desigualdad entre el campo y la ciudad que existe en Chile, que los expertos definen como desigualdad territorial, también está entre los niveles más altos de los miembros de la OCDE. En un informe realizado en 2016, la entidad advierte que los países con niveles más altos de desigualdad regional también tienden a tener altos niveles de desigualdad en los ingresos, y afirma que en Chile ese indicador no ha disminuido durante los últimos 15 años.

“Mejorar la competitividad y el desempeño de las regiones rurales de Chile no solo sería beneficioso para las oportunidades y el bienestar de los ciudadanos rurales, sino que también para las metas nacionales y para lograr el crecimiento inclusivo”, plantea entre sus conclusiones.

Según el documento del organismo internacional, uno de los puntos que han impedido disminuir las brechas es que Chile solo cuenta con programas enfocados en las áreas rurales, los que se definen desde el gobierno central, pero no tiene una política de desarrollo rural, algo que en los últimos tres años tampoco se ha concretado y que permitiría incluir una perspectiva más transversal de la ruralidad en las políticas públicas de distintos ministerios.

“Esperamos que la situación actual nos permita acelerar la firma de la política nacional de desarrollo rural en el comité de ministros, ojalá para el mes de noviembre. Creemos que está lo suficientemente consolidada para echarla a andar”, dice la directora de Odepa, María Emilia Undurraga, y comenta que ha estado trabajando en su conformación desde 2012.

Desde una perspectiva regional, el representante del IICA para Chile, Pedro Urra, afirma que contar con esa política a nivel nacional ayudará a reducir las brechas actuales, a fomentar la asociatividad, la agricultura familiar y pymes agrícolas, y a una gestión sustentable de los recursos naturales.

“Desde comienzos de 2017 hemos venido apoyando esta innovadora agenda del Minagri, que visionariamente había priorizado la ejecución de políticas públicas, algunas de Estado, para colocar las bases del desarrollo social en la agricultura y la ruralidad”, dice.

Crecer desde el territorio

Uno de los efectos más visibles de las movilizaciones de los últimos días es la necesidad de dialogar para establecer prioridades. Allí, uno de los temores que enfrentan las comunas rurales es perder visibilidad y recursos ante la presión de las demandas ciudadanas, aun cuando muchas de ellas —como mayores ingresos y mejores pensiones— son compartidas.

“Tenemos las mismas necesidades, pero en forma mucho más marcada en temas como la salud, educación y transporte. Somos el 76% del territorio nacional y no estamos pidiendo ser ese porcentaje del presupuesto, pero sí que nos corresponde una parte de la inversión que se va a hacer”, dice Cristián Balmaceda.

En ese sentido, la directora de Odepa afirma que han mantenido conversaciones directas con el Ministerio de Desarrollo Social —la cartera que por encargo del Presidente Sebastián Piñera está diseñando fórmulas para el diálogo— para que el componente territorial esté presente desde un principio.

“Estamos trabajando para incluir al mundo rural y que no se olviden de que Santiago no es Chile. Como ministerio ya tenemos una instancia de diálogo construida, como el encuentro que hicimos con los alcaldes, lo que nos ha ayudado a sistematizar sus prioridades en distintos ámbitos, desde lo local”, dice María Emilia Undurraga.

Entre esas prioridades, además de mejorar el acceso a servicios básicos, educación, salud y conectividad vial y digital, a través de una inversión pública que no solo se defina en base al número de personas que se verán beneficiadas, los alcaldes también consideran clave insistir en dar mayor poder a los territorios.

Educación focalizada

Mientras en las ciudades casi el total de la población vive cerca de un colegio, en las áreas rurales solo lo hace el 54%, según la encuesta Casen, y la oferta de establecimientos secundarios y técnicos es reducida. Esa realidad también favorece el abandono del campo por parte de los jóvenes, que —si bien es una tendencia global— en el caso de la agricultura familiar campesina hoy solo representan en torno al 6% del total, tomando como referencia el perfil de los usuarios de Indap.

“Existen brechas en infraestructura, donde se podría generar un cambio importante, y también en las políticas de formación para el área agrícola, porque están bastante pensadas para el sector urbano y son muy difíciles de aplicar. A mi juicio, la ruralidad debería tener un componente mayor en el diseño de las políticas públicas y en los incentivos para que se desarrolle”, explica Marcia Echenique, secretaria ejecutiva de la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser).

Desde hace 40 años, esa corporación, que depende de la Sociedad Nacional de Agricultura, se dedica a la educación agrícola, a través de colegios técnicos profesionales y programas de fomento productivo. En base a su experiencia, Marcia Echenique resalta que un punto clave para mejorar es considerar las oportunidades laborales de cada lugar y generar programas enfocados en esa realidad, además de valorizar las ventajas de la vida rural.

“Hoy para los jóvenes es cool venirse a la ciudad, porque no ven el potencial de desarrollo que tiene la ruralidad ni las posibilidades de tener una vida más integral ahí… Cuando ven opciones de trabajo con buenas remuneraciones, opciones de educación para sus hijos y acceso a la salud, se torna más auspicioso el campo, y para lograr eso se requieren políticas de desarrollo territorial que tiendan a descentralizar las ciudades”, propone.

Diversificación

En el encuentro nacional de alcaldes rurales con el Ministerio de Agricultura, uno de los puntos destacados fue el potencial de desarrollo económico que tienen esas zonas no solo a través de la agricultura, sino que también del turismo, el emprendimiento y la creación de productos con identidad local, lo que requiere más inversión privada y apoyo gubernamental.

Un ejemplo integral es la comuna de Santa Cruz, en la Región de O'Higgins, que a través de la industria del vino ha logrado potenciar su artesanía, la oferta cultural y actividades turísticas, atrayendo también la llegada de servicios.

“Para que eso suceda en otros lugares, debe haber inversión pública y privada, pero antes se requiere crear estrategias de desarrollo territorial, porque son desarrollos que no surgen en forma espontánea”, asegura Marcia Echenique.

La economista agraria de la Universidad de Chile Sofía Boza plantea que también es necesario aprovechar la coyuntura actual para revisar el modelo de inserción que tienen los agricultores en la cadena de comercialización de sus productos, ver si la actividad es sustentable para las nuevas generaciones y cómo se puede mejorar.

“También sería muy positivo fortalecer los emprendimientos y microemprendimientos de los territorios rurales, para así potenciar sus propios tejidos productivos, con apoyo en la calidad y diseño de los productos. Ojalá ver las maneras de desarrollar los temas patrimoniales y turísticos”, dice.

Por otro lado, las empresas privadas también pueden jugar un rol relevante de apoyo al emprendimiento rural, disminuyendo las brechas con las ciudades en cuanto a la disponibilidad de servicios, lo que implica cambios más profundos.

“Las zonas rurales requieren de ciertos servicios y, para cubrir las áreas que son menos interesantes comercialmente hay dos posibilidades: que las cubra el Estado o que se generen nuevas reglas para los privados, porque si lo dejas solo en manos de los privados, lo normal y lógico es que vayan donde hay más concentración de clientes… Eso es disruptor en la lógica actual, pero alguien tiene que cubrir a los sectores rurales para darles servicios”, plantea Sofía Boza, en cuanto a acceso a telecomunicaciones, bancos y farmacias, entre otros.

Fuente: Revista del Campo, El Mercurio