Por qué Chile necesita una ley general de suelos

Si bien es tan importante como el agua para poder producir alimentos, la situación legal y de protección en la que se encuentran los suelos en Chile dista bastante de la del recurso hídrico, a pesar de que también se ve afectado por la acción humana, lo que debilita fuertemente su capacidad productiva impactando directamente en la producción de alimentos y, también, en su capacidad de resiliencia frente al impacto de los fenómenos climáticos.

Hasta ahora, salvo programas especiales —como el de Recuperación de Suelos Degradados, del Ministerio de Agricultura—, las iniciativas que resguardan el correcto uso de este elemento son específicas y no alcanzan el carácter de ley, convirtiendo al país en uno de los pocos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que no cuentan con una ley general de suelos.

Según los expertos, la idea de legislar en este tema existe desde hace más de cuarenta años, pero hasta hace poco se había mantenido como un tema de discusión en el ámbito de los académicos e investigadores, sin que llegara al sector político o al Congreso.

Sin embargo, hace algunas semanas la Comisión de Agricultura del Senado acogió el llamado de representantes de distintas universidades, organizaciones civiles y especialistas en geología para revisar la necesidad de crear una ley de suelos y comenzar a trabajar en la elaboración de una propuesta que tome como referencia la experiencia internacional, pero que sea acorde con la realidad local, considerando los diferentes tipos de suelos presentes a lo largo del país.

La idea es llegar a desarrollar un cuerpo legal que reúna los distintos programas específicos que hoy existen en carteras como las de Agricultura y Minería, con una mirada global, que considere aspectos como la erosión de los suelos, la desertificación que enfrentan algunas zonas debido al cambio climático, la contaminación por diversos motivos y el ordenamiento territorial.

“En Chile no hay una política clara y evidente que nos diga qué es lo correcto de hacer en los suelos, más aún teniendo en cuenta que son tan diametralmente distintos en las diferentes regiones… Sin suelo no hay alimentos, porque es un recurso limitado y no renovable, por eso tenemos que pensar en una forma de manejarlo que lo proteja y lo preserve”, plantea la presidenta de la Sociedad Chilena de las Ciencias del Suelo, Mónica Antilén.

Pensando en el ámbito agrícola, la académica de la Facultad de Química y Farmacia de la U. Católica advierte que el objetivo de la ley no es limitar o impedir que se realicen las actuales actividades, sino que asegurar que estas vayan en consonancia con los sistemas de manejo óptimos, basados en una regulación que hoy no existe.

Prevenir la contaminación

Cuando Europa se vio enfrentada a las consecuencias del desastre nuclear de Chernobil, los especialistas no contaban con una caracterización previa de los suelos que les permitiera tener un parámetro para medir el impacto de la radiación y determinar si había elementos nuevos a raíz del accidente.

Más de treinta años después, Chile está en la misma situación: Hasta ahora, en el país no existe una normativa ni una caracterización de los suelos para definir una base sobre la cual determinar la presencia de elementos que no forman parte de las condiciones normales de un suelo, ni parámetros que determinen cuándo se puede hablar de contaminación, pese a que las herramientas técnicas para poder crear esos lineamientos existen.

“Por eso nos interesa que se lleve adelante esta ley. Nosotros tenemos las herramientas para discriminar cuándo la concentración de un elemento es de origen natural, por la composición de la roca de la que proviene el suelo, y cuándo es por la actividad antropogénica. Con eso se podrían establecer rangos aceptables de concentración de elementos químicos como el arsénico, cadmio, boro y muchos otros, en función del uso agrícola y de la salud humana”, explica la directora de la Sociedad Geológica de Chile, Ana Valdés.

También plantea que es necesario establecer un plan geoquímico de suelos a nivel nacional para establecer cómo varían las concentraciones de ciertos elementos en distintas zonas, analizar qué aporta la naturaleza y qué es aporte de la actividad humana, y con eso obtener una “fotografía” de la composición actual del suelo, para luego desarrollar un plan sistematizado de monitoreo.

“El SAG y el Ministerio de Agricultura han hecho bastantes planes de manejo y regulaciones en los temas propios de ellos, y como geólogos nosotros queremos ser un aporte y complementar la información que han generado, porque es algo que se debe analizar en forma detallada y que puede ser muy interesante para los agricultores”, afirma Ana Valdés, quien es especialista en geoquímica.

En ese sentido, Mónica Antilén añade que los resultados de ese tipo de análisis y normas permitirían en el caso del agro, por ejemplo, determinar que se necesitan otros programas específicos, no solo para recuperar suelos degradados, sino que también para proteger los que todavía son fértiles o productivos.

“La idea central es crear una ley paragua para los suelos, que permita ordenar y preservar el recurso para el futuro, porque si no, no vamos a poder mantener el nivel de productividad que necesitamos”, asegura.

Ordenar el territorio

Afinar el ordenamiento territorial es otro de los objetivos que proponen los especialistas para la creación de una ley general de suelos, ya que hasta ahora las únicas normas relacionadas con este tema están a nivel municipal, enfocadas principalmente en los suelos urbanos, mientras que los rurales no cuentan con un cuerpo legal que los regule.

“El ordenamiento territorial es uno de los temas base para la ley general de suelos, porque el único instrumento que existe son los planes reguladores comunales, dejando fuera a toda la parte rural, donde existen muchos cambios de uso de suelo que deberían estar regulados”, plantea la presidenta de la ONG Suelo Sustentable, Miriam Llona.

Para que el documento legal tenga éxito, considera que una de las claves es hacerlo participativo, con información de la realidad chilena y no copiando leyes de otros países, para que sea aplicable a las condiciones geográficas y climáticas locales.

“Tener una ley general de suelos articularía todas las iniciativas que existen, quizás a algunas se les daría más o menos peso, pero al no haber claridad sobre hacia dónde queremos ir en relación con la protección del suelo, no sabemos cuál es el objetivo ni cómo cumplirlo”, agrega Miriam Llona.

Uno de los efectos de no tener clara esa visión como país, según plantea Mónica Antilén, es la pérdida de suelos agrícolas que se observa en distintas regiones, al estar siendo traspasados a suelos urbanos, para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, sin advertencias de por medio.

“Hoy vemos que a los mejores suelos de Chile, los más productivos, se les está echando cemento encima sin miramientos. Entonces, es necesario hacer recomendaciones, porque esos suelos son un recurso que vamos a necesitar a futuro no solo para la agricultura, sino que también por el cambio climático. Por eso es necesario que la ley permita ordenar qué actividad se recomienda para cada tipo de suelo”, propone desde la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo, que representa a unas 15 universidades del país.

Cuidar la diversidad

Uno de los puntos clave para que la propuesta de una ley general de suelos sea exitosa, según las especialistas, es que se base en información de la realidad chilena y no solo en la experiencia internacional, aun cuando por estos días un grupo de expertos está revisando las regulaciones de otros países para tener referentes en el trabajo local.

También es importante que el documento refleje la diversidad del territorio.

“Muchas veces, los sistemas de incentivos que existen son los mismos para todas las regiones, pero no podemos comparar los suelos del norte con los de La Araucanía, por ejemplo, por lo que es importante que esta ley refleje las diferencias de las características y condiciones de los suelos de Chile. Creo que hay que dejar de ser centralista con relación a estas normativas”, propone Miriam Llona.

Junto con eso, Ana Valdés resalta que se deben considerar las variables geológicas dentro de esa diversidad, tomando en cuenta las variables que controlan la composición de los suelos y también la degradación física y química de la roca parental —que es la base de la formación de los suelos— que en el caso de Chile tiene una composición que está determinada por su emplazamiento tectónico.

“Nosotros estamos en constante movimiento, siempre tenemos sismos, y eso no es solo el roce entre dos placas sólidas, sino que también hay toda una interacción física y química que determina y controla la composición de los suelos”, advierte.

Si bien no se han fijado plazos para contar con un primer borrador de una ley general de suelos, la Comisión de Agricultura del Senado está comprometida a seguir trabajando en la elaboración del documento, donde los especialistas que promueven la necesidad de contar con esa legislación insisten en que los fundamentos de la iniciativa son y deben ser técnicos.

“Nosotros buscamos tener un apoyo transversal en el Parlamento, porque nuestro interés no es político, sino que viene desde la academia, desde el ámbito técnico y de la investigación. Sabemos que puede haber oposición y algunos intereses de por medio, pero es necesario que esta ley exista en Chile”, asegura Mónica Antilén.

Fuente: Revista del Campo, El Mercurio