SNA advierte sobre impacto del proyecto que establece indemnización por obra o faena

SNA advierte sobre impacto del proyecto que establece indemnización por obra o faena

El presidente del gremio, Ricardo Ariztía, alertó que “el costo de esta propuesta se estima en aproximadamente US$400 millones anuales, cifra que claramente dejará fuera de factibilidad comercial a importantes rubros del sector agrícola, especialmente en regiones que han sido el pilar fundamental de generación de empleos. Planteó que si lo que se busca es aumentar los salarios, el incentivo está mal puesto. “La mejor manera de aumentar las re

Su preocupación expresó la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) frente al proyecto que establece la indemnización por obra o faena, iniciativa que hoy se verá en la Sala del Senado y que establece –entre otros aspectos- un pago equivalente a dos y medio día de remuneración por cada mes trabajado si el contrato hubiere estado vigente por un mes o más.

 

El presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, planteó que “la indemnización propuesta genera un trato indemnizatorio desigual en relación con los contratos a plazo, en los cuales no se contiene una norma similar y también en relación con contratos indefinidos, puesto que en éstos no se origina indemnización antes de un año y, además, ésta tiene un tope”.

 

Explicó que “en el sector agrícola la utilización de estos contrato obedece a razones productivas que se basan en la dependencia de esta actividad a las leyes de la naturaleza, por lo que se estaría discriminando al agro”.

 

Del mismo modo, añadió que con esta propuesta se genera una diferenciación entre los mismos trabajadores del sector. “Los temporeros que se rigen por este tipo de contratos, quedarían en mejor situación que el personal de planta, que no podría acceder a este beneficio, sino únicamente en caso de despido y con un tope de once años, mientras que para los trabajadores de temporada permanecerá estable en el tiempo”, detalló.

 

Ariztía alertó que “el costo de esta propuesta se estima en aproximadamente US$400 millones anuales, cifra que claramente dejará fuera de factibilidad comercial a importantes rubros del sector agrícola, especialmente en regiones que han sido el pilar fundamental de generación de empleos. Este costo no aporta ningún aumento de productividad del trabajo y, por lo tanto, no mejora en nada nuestra mayor debilidad que es haber perdido productividad en forma violenta durante los últimos años, afectando asimismo la competitividad del sector agroexportador chileno”.

 

También puntualizó que “los precios internacionales no van a cambiar producto de las regulaciones internas de Chile. En la fruticultura los costos laborales representan entre un 60% y 70% de los costos totales. Si los costos laborales aumentan y no se puede ajustar los precios, los márgenes se disminuyen en la misma cantidad. En otras palabras: los mayores costos no se pueden traspasar al comprador”.

Para el líder del gremio si lo que se busca es aumentar los salarios, el incentivo está mal puesto. “La mejor manera de aumentar las remuneraciones es motivar inversiones que generen más empleo, y no hacerlo a través un pago obligatorio, sin resultado productivo o con resultados negativos. Una medida como la propuesta, no sólo traerá como consecuencia que los salarios crezcan más lentamente, sino que terminará socavando puestos de trabajo”, enfatizó.

 

Finalmente, planteó que la creación de esta indemnización apunta en la dirección contraria de las tendencias internacionales y las recomendaciones de la OCDE en cuanto a revisar, moderar y, eventualmente, eliminar el sistema de indemnizaciones en materia laboral. “Si queremos impulsar el desarrollo del agro chileno, el camino, claramente, no es imponerle nuevos y mayores tributos, cualquiera sea la forma que ellos adopten”, sentenció Ariztía.

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